La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su futuro estarían en 'jaque' con la llegada del hoy presidente electo Abelardo De La Espriella, quien ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de eliminarla.

Este tema ha sido de controversia en las últimas semanas entre los sectores, desde políticos, comparecientes, víctimas y la sociedad civil, por los riesgos que ello implicaría en el marco de la implementación de la paz en Colombia tras los acuerdos firmados en 2016.  

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¿Realmente puede De La Espriella acabar con el alto tribunal de justicia transicional? Zona Cero consultó con abogados expertos en derecho penal sobre este tema y las implicaciones que traería para el país que la JEP dejara de existir.

Andrés Díaz Arana, abogado y columnista de Zona Cero, aseguró que ningún gobierno puede eliminar la JEP por decreto, decisión administrativa, ni tampoco impulsando una reforma legal.

Indicó que la Jurisdicción cuenta con una protección jurídica “muy sólida” hasta 2033, prorrogables a cinco años más, tiempo en se acordó su operación.

“La JEP fue creada directamente por la Constitución, para eliminarla se necesitaría una reforma constitucional por acto legislativo, con ocho debates en dos períodos ordinarios y consecutivos”, dijo el experto.

Sostuvo que, de llegarse a tramitar este mecanismo, el mismo se enfrentaría a una “litigiosidad intensa” por posible afectación de “derechos de las víctimas, seguridad jurídica de comparecientes, buena fe en la implementación del Acuerdo y obligaciones internacionales de juzgar graves violaciones de derechos humanos y DIH”.

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Enfatizó que esta ruta descrita es formalmente posible, pero muy difícil en su trámite y resultados.

Díaz Arana sostuvo que, si bien no pueden borrar jurídicamente la JEP, el Gobierno entrante podría afectar mucho su operación si hace cambios en cuanto a sus procedimientos y asignación presupuestal.

“Si se debilitara seriamente la JEP, el impacto sería muy profundo, empezando por la seguridad jurídica de excombatientes y terceros: ¿qué pasaría con la situación de quienes actualmente están sometidos a la JEP? Y no solo jurídicamente, sino en términos de seguridad pública”, mencionó.

El abogado precisó que Colombia debe responder internacionalmente a una serie de acuerdos que también obligan a pensar en ONU, OEA, UE y la Corte Penal Internacional, instancias que también han contado con reparos por parte del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

“La JEP tiene implicaciones que son muy complicadas, y desmontarla puede generar inestabilidad política, jurídica y social, incluso, más allá de Colombia”, afirmó el analista, quien agregó que su eliminación “chocaría” con la arquitectura constitucional del Acuerdo de Paz.

Entretanto, el abogado penalista Santiago Yepes coincidió con su colega al afirmar que para eliminar la JEP se requiere de una reforma constitucional para hacerlo.

Señaló que la Jurisdicción fue introducida al ordenamiento jurídico a través de un acto legislativo con lo cual fue necesario modificar la Constitución para determinar sus instancias, organización, además de su inclusión en el presupuesto nacional para su financiación.

“Si el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella quiere acabar con la JEP, tendría que acudir, sí o sí, a la misma vía mediante la cual fue creada. Un acto legislativo o alguno de los mecanismos que permiten modificar la Constitución, como un referendo, para eliminar específicamente los artículos sobre los que se sustenta la JEP”, dijo.

Precisó que esta tarea es “bastante compleja” por la resistencia o rechazo que puede causar la modificación de la Constitución, como pasó con el Gobierno de Gustavo Petro que intentó hacerlo y encontró una fuerte oposición política.

El analista sostuvo que un escenario posible sería la afectación de la JEP vía presupuesto que terminaría, eso sí, generando serias repercusiones en su funcionamiento y consecuencias muy drásticas para la seguridad jurídica y física de a quienes cobija.

“Aunque existen importantes apoyos internacionales al proceso de paz, gran parte del financiamiento proviene del Gobierno nacional. Si el Gobierno, poco a poco y mediante distintas maniobras, empieza a reducirle el presupuesto, simplemente terminaría afectando su funcionamiento e impediría su adecuada operatividad (…) generaría inseguridad jurídica y podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado colombiano por los compromisos adquiridos”, mencionó.

Por otra parte, manifestó que esta idea de eliminar la JEP terminaría por crear desconfianza en los grupos armados que quieran someterse a la justicia o, en su defecto, terminaría dificultando o incluso impidiendo nuevos procesos de paz o de sometimiento.

Explicó que la JEP tiene unas fechas límite de operación. La primera de ellas es el 15 de marzo de 2028, cuando se cierra la fase de investigación y acusación. Es decir, que en dos años ya no podrían iniciarse nuevas investigaciones, sin perjuicio de la fase jurisdiccional, que cerraría el 15 de marzo de 2033.

Dijo que si excepcionalmente llegara a prorrogarse el mismo acto legislativo, el 15 de marzo de 2038 sería la fecha máxima hasta la cual podría operar la JEP.

El penalista indicó que en caso de que De La Espriella lograra eliminar la JEP mediante una reforma constitucional, lo que ocurriría es que se reactivaría la jurisdicción ordinaria y entrarían a aplicarse la Ley 599 y la Ley 906 de 2004, que corresponde al Código de Procedimiento Penal e incluso, dependiendo de las fechas, la Ley 600, que es el otro procedimiento penal que sigue vigente en Colombia.

“Eso significaría que todas esas personas tendrían que pasar a la jurisdicción ordinaria, lo cual sería un enorme inconveniente por el volumen de casos, por los procesos que ya finalizaron, además de todos los proyectos de reparación y de restitución a las víctimas que quedarían en el aire. Colombia quedaría en una situación de inseguridad jurídica muy delicada”, anotó.

Por último, Yepes aseguró que este escenario podría acarrear un riesgo “altísimo de impunidad”.